Sergio Elbio

Argentina: Responsabilidad Empresaria

Por Manuel Barrientos - http://www.revistadebate.com.ar/2012/05/24/5470.php 

El llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier reabrió la discusión sobre la complicidad de diversas compañías con la represión de la última dictadura.

Desapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciudades completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal “marcado”; la provisión de equipamiento y vehículos para facilitar los operativos; las donaciones, los “pagos extras” y la contratación de integrantes de las fuerzas represivas; la facilitación del acceso a “infiltrados”; la intervención de los propios ejecutivos en los interrogatorios a los trabajadores secuestrados. Así fueron las diversas formas de complicidad que tuvieron distintas empresas con el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina entre 1975 y 1983. El objetivo era uno y claro: el desmantelamiento de cuerpos de delegados y comisiones internas, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y el disciplinamiento de la organización sindical. Ese andamiaje represivo protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930.

El llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma, el principal productor de azúcar y papel obra del país, volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública. El empresario fue citado por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, que investiga el juez subrogante Fernando Poviña, en los tribunales federales de Jujuy. A fines de abril, en un allanamiento en un inmueble de la empresa localizado en el barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy, se había encontrado documentación relacionada con los hechos que se investigan y que también dan cuenta de una red de espionaje vigente en plena democracia.

De viaje por el Uruguay, Blaquier logró diferir “por razones de salud” la presentación prevista para el último viernes 18, aunque se espera que sea indagado en las próximas semanas. En la causa también está involucrado el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas denuncian como el brazo ejecutor de los secuestros. 

En 1973, el médico Luis Arédez fue electo intendente de la localidad jujeña de Libertador San Martín, en la que está radicada la empresa. Por primera vez en la historia de la ciudad, Arédez comenzó a reclamar el pago de impuestos que la empresa adeudaba al municipio. El 24 de marzo de 1976, el intendente fue detenido en su casa. Permaneció un mes desaparecido y luego debió pasar casi un año en la cárcel. Tras un breve período en libertad, en mayo de 1977 desapareció y, según testimonios de un sobreviviente, estuvo en el campo de concentración de Guerrero, en la provincia de Jujuy. 

En ese marco, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, se registraron “apagones”, en los que se cortaba el suministro eléctrico en todo San Martín y pueblos aledaños entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y durante los que se secuestró a decenas de trabajadores, estudiantes, militantes políticos y sindicales y amas de casa, con la colaboración de Ledesma.

LOS CASOS Y LAS CAUSAS
“Hay que juzgar todos los delitos, no se pueden hacer diferencias según las características que tenga la persona acusada”, explica ante la consulta de Debate Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. El funcionario del Ministerio Público Fiscal señala que el límite de las imputaciones sólo puede estar dado por las pruebas y las normas penales. Por tanto, si aparecen sospechas fundadas de la comisión de un delito, se debe investigar, sea una persona militar o civil. “Y eso es lo que se está haciendo”, remarca.

Luego agrega: “No hay una decisión sobre quiénes son los acusados, sino que son las mismas investigaciones las que van determinando los posibles acusados. Y el Estado tiene la obligación de juzgar todos los delitos”.

Un ejemplo de ese avance está representado por la causa en la que se investigó el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que culminó en marzo último en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Pero los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart.

“La causa que investiga a Blaquier y a Ledesma en Jujuy se enmarca en un contexto más amplio y que involucra también a otras empresas”, sostiene Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del Conicet. Especialista en el estudio de las transformaciones en la organización sindical en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, Basualdo reunió en su trabajo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina”, publicado en 2006 por Fetia-CTA, las denuncias de trabajadores, las investigaciones independientes y las acciones judiciales sobre seis casos emblemáticos, que involucran a Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Mercedes Benz y la propia Ledesma. 

“En muchos casos de grandes empresas hay evidencias de que las patronales proporcionaron listas y direcciones de delegados, activistas y trabajadores a las fuerzas militares, y además algunas empresas proveyeron financiamiento; otras, equipamiento; y, en los casos más dramáticos, incluso existieron centros clandestinos transitorios ubicados en los propios predios de las fábricas, como sucedió en Ford y Acindar”, explica. 

En el caso de Ford, por ejemplo, hubo 25 delegados secuestrados entre marzo y mayo de 1976. La mitad de ellos fue detenida en la planta de General Pacheco, con camionetas F100 proporcionadas por la empresa. Y diversos testigos señalan la participación de personal de la empresa durante el interrogatorio a los delegados secuestrados. En los últimos años, también se comenzaron a investigar otros casos en los que hubo trabajadores desaparecidos, como Propulsora Siderúrgica, del grupo Techint, también propietario de Dálmine Siderca. Además, hay denuncias registradas por el accionar de Yelmo, Alpargatas, La Hidrófila, La Cantábrica, Terrabusi y Molinos Río de la Plata, entre otras compañías.

REVERTIBLES
“A mediados de los setenta se observan distintas iniciativas que buscan reformular drásticamente lo que la clase trabajadora había logrado durante el peronismo en términos de organización, poder y participación en el ingreso”, señala Basualdo. La principal preocupación de la clase dominante se hallaba, entonces, en la radicalización de la tarea sindical, que para las patronales significaba tener trabajadores organizados en la planta, estar obligados a escuchar sus demandas salariales y por mejores condiciones de trabajo y tener que reconocer una estructura de representación sindical que, de algún modo, ponía límites, cuestionaba y enfrentaba a la elite empresaria. “Entonces, cuando uno analiza el involucramiento de las empresas en la represión comprende que se vincula, en realidad, con una enorme preocupación empresaria por esta creciente radicalización, organización y militancia obrera”, resume Basualdo.

En la entrevista que realizó el periodista Ezequiel Burgo para el libro 7 Ministros, que editó Sudamericana el año pasado, José Alfredo Martínez de Hoz reconocía: “Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido”. Era la voz del ideólogo y ejecutor del programa económico implementado a partir de 1976 y de quien, actualmente, se encuentra imputado judicialmente por la privación ilegal de la libertad del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto.

Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social de la Argentina que provocó el Proceso de Reorganización Nacional. El nivel de ocupación se redujo un 34 por ciento entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8 por ciento en 1974 al 37,4 por ciento en 1982. Al mismo tiempo, la deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 en 1983.
Entre esas cifras, Basualdo subraya una que considera fundamental. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos. “Comprender esto es central para entender el proyecto de las Fuerzas Armadas y el involucramiento de la elite empresaria, ya que había enormes intereses en juego”, concluye.    

Hoy parece más rentable la política keynesiana que el fundamentalismo de mercado

Joseph E. Stiglitz - http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2009/nro347/stiglitz.html 

Ahora somos todos keynesianos. Incluso la derecha en Estados Unidos se sumó al bando keynesiano con un entusiasmo desenfrenado y en una escala que, en algún momento, habría sido verdaderamente inimaginable.

Para quienes nos adjudicábamos alguna conexión con la tradición keynesiana, éste es un momento de triunfo, después de que nos dejaran en el desierto, prácticamente ignorados, durante más de tres décadas. En un nivel, lo que está sucediendo ahora es un triunfo de la razón y la evidencia sobre la ideología y los intereses.

La teoría económica se había dedicado a explicar durante mucho tiempo por qué los mercados sin obstáculos no se autocorregían, por qué se necesitaba regulación, por qué era importante el papel que jugaba el Gobierno en la economía. Pero muchos, especialmente la gente que trabaja en los mercados financieros, presionaban por una suerte de fundamentalismo de mercado. Las políticas erróneas resultantes -impulsadas, entre otros, por algunos miembros del equipo económico del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama- ya antes habían infligido enormes costos a los países en desarrollo. La luz se hizo justo cuando esas políticas empezaron a generar costos en Estados Unidos y otros países industriales avanzados.

Keynes sostenía no sólo que los mercados no se autocorregían, sino que, en una crisis pronunciada, la política monetaria probablemente resultara ineficiente. Se necesitaba una política fiscal.

Pero no todas las políticas fiscales son equivalentes. En Estados Unidos hoy, con una montaña de deuda inmobiliaria y un alto nivel de incertidumbre, los recortes impositivos probablemente resulten ineficientes (como lo fueron en Japón en los años 1990). Gran parte, si no la mayor parte, del recorte tributario norteamericano del pasado mes de febrero fue destinado al ahorro.

Con la enorme deuda que deja atrás la Administración de Bush, Estados Unidos debería estar especialmente motivado para obtener el mayor estímulo posible de cada dólar invertido. El legado de subinversión en tecnología e infraestructuras, especialmente del tipo verde, y la creciente brecha entre los ricos y los pobres requieren una congruencia entre el gasto a corto plazo y una visión a largo plazo.

Eso exige la reestructuración de los programas tanto tributario como de gasto. Bajarles los impuestos a los pobres y aumentar los beneficios de desempleo al mismo tiempo que se aumentan los impuestos a los ricos puede estimular la economía, reducir el déficit y disminuir la desigualdad. Reducir el gasto en la guerra de Irak y aumentar el gasto en educación puede incrementar la producción en el corto y largo plazo y, al mismo tiempo, reducir el déficit.

A Keynes le preocupaba la trampa de la liquidez -la incapacidad de las autoridades monetarias para inducir un incremento en la oferta de crédito a fin de aumentar el nivel de actividad económica-. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, hizo un esfuerzo por evitar que se culpara a la Fed de agravar esta crisis de la misma manera que se la responsabilizó por la gran depresión, asociada con una contracción de la oferta monetaria y el colapso de los bancos.

Y aun así deberíamos leer la historia y la teoría con cuidado: preservar las instituciones financieras no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. Lo importante es el flujo de crédito y la razón por la cual el fracaso de los bancos durante la gran depresión fue importante es que participaban en la determinación de la capacidad crediticia; eran los depositarios de información necesaria para el mantenimiento del flujo de crédito.

Sin embargo, el sistema financiero de Estados Unidos cambió drásticamente desde los años treinta. Muchos de los grandes bancos salieron del negocio del préstamo y se metieron en el “negocio con movimiento”. Se centraron en comprar activos, reempaquetarlos y venderlos, al mismo tiempo que marcaron un récord de incompetencia a la hora de evaluar el riesgo y analizar la capacidad crediticia. Se invirtieron cientos de miles de millones de dólares para preservar estas instituciones disfuncionales. Ni siquiera se hizo nada para reencauzar sus estructuras perversas de incentivos, que alentaban el comportamiento cortoplacista y la toma de riesgos excesiva. Con recompensas privadas tan marcadamente diferentes de los retornos sociales, no sorprende que la búsqueda del interés personal (codicia) condujera a consecuencias tan destructivas desde un punto de vista social. Ni siquiera velaron por los intereses de sus propios accionistas.

Mientras tanto, es muy poco lo que se está haciendo para ayudar a los bancos que efectivamente hacen lo que se supone que deben hacer los bancos: prestar dinero y evaluar la capacidad crediticia.

El Gobierno federal asumió miles de millones de dólares en pasivos y riesgos. Al rescatar al sistema financiero, tanto como en política fiscal, necesitamos preocuparnos por el “retorno de la inversión”. De lo contrario, el déficit -que se duplicó en ocho años- aumentará aún más.

En septiembre se decía que el Gobierno recuperaría su dinero con intereses. A medida que se incrementó el rescate, cada vez resulta más evidente que éste era simplemente otro ejemplo más de una mala apreciación del riesgo por parte de los mercados financieros, como vienen haciendo consistentemente en los últimos años. Los términos de los rescates de Bernanke y Paulson eran desventajosos para los contribuyentes y, aun así, a pesar de su volumen, hicieron poco para reactivar el préstamo.

La presión neoliberal para una desregulación también satisfacía algunos intereses. A los mercados financieros les fue bien a través de la liberalización del mercado de capitales. Permitir a Estados Unidos vender sus productos financieros riesgosos y participar en una especulación en todo el mundo puede haber beneficiado a sus compañías, aunque esto les impusiera grandes costos a otros.

Hoy, el riesgo es que se utilice y se abuse de las nuevas doctrinas keynesianas para satisfacer algunos de estos mismos intereses. ¿Acaso quienes presionaron por la desregulación hace 10 años aprendieron la lección? ¿O simplemente querrán imponer reformas cosméticas: el mínimo requerido para justificar los rescates con centenares de miles de millones de dólares? ¿Hubo un cambio de parecer o solamente un cambio de estrategia? Después de todo, en el contexto de hoy, perseguir políticas keynesianas parece incluso más rentable que ir detrás del fundamentalismo de mercado.

Hace 10 años, en el momento de la crisis financiera asiática, se discutió mucho sobre la necesidad de reformar la arquitectura financiera global. Poco se hizo. Es imperativo que no sólo respondamos adecuadamente a la crisis actual, sino que emprendamos reformas a largo plazo que serán necesarias si queremos crear una economía global más estable, más próspera y equitativa.

Joseph E. Stiglitz es profesor de Economía en la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001.

Traducción de Claudia Martínez

Este texto fue publicado con el título: El retorno triunfante de John Maynard Keynes, El País, 11 enero 2009

¡Y Péguele Fuerte!

Por Luis Tonelli - http://www.revistadebate.com.ar/2012/04/20/5336.php 

Toda Nación tiene sus causas. Y los argentinos tenemos dos causas nacionales. Una de ellas, la mayor de ellas, es la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. El fin de semana pasado, en la VI Cumbre de las Américas -quizá la última Cumbre dado el nivel de conflicto Norte/Sur que bloquea su utilidad y conveniencia- confirmamos que es más probable que el Reino Unido de la Gran Bretaña nos devuelva por motu proprio las Islas, que Estados Unidos presione publicamente a los ingleses para que reconozcan nuestros derechos.

La otra causa nacional es la recuperación de nuestra soberanía sobre YPF. Y el lunes, el Gobierno decidió iniciar el procedimiento por el cual la petrolera pasa a estar, nuevamente, bajo control argentino. Una decisión que, por su carácter, importancia, impacto y trascendencia, nadie puede negar que es histórica. 

Pero YPF no hace sólo al corazón de los argentinos. YPF es clave para nuestro futuro. Y Cristina Fernández reaccionó ante la alarma que provenía de la situación caliente cantada desde hacía bastante tiempo por los fríos números: la producción de la empresa decaía abruptamente, las reservas comprobadas habían quedado reducidas peligrosamente (disminuyeron desde el 2000 un 68 por ciento), y el consumo, producto del crecimiento, subía sin cesar. Resultado: en un rápido deterioro, la Argentina tendría un déficit en la balanza comercial de energía de más de 6.500  millones de dólares.

La exploración y explotación de nuevos pozos fue decayendo paulatinamente con la misma compra de la empresa desde hacía diez años, mucho antes de que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresara en 2008 a YPF (dado su carácter de “especialista en mercados regulados”, o sea, de su potencial capacidad de lobby sobre el Gobierno). El precio del barril, en cambio, fue subiendo y compensando con creces, en las ganancias, el deterioro productivo (y hasta el eventual desfase de los precios respecto del precio internacional, que a veces favoreció a Repsol). Mientras tanto, la balanza comercial de energía (o sea, la diferencia entre lo que exportamos en energía y lo que importamos) que, en 2006, tuvo un resultado superavitario de más de 5.700 millones de dólares, se invirtió en 2010 para llegar en 2011 a ser deficitaria en más de 3.000 millones de dólares.

La crisis energética se manifestaba, 
como dirían los sociólogos, fundamentalmente a nivel sistema, no al nivel conciencia social. El consumo quedaba abastecido por los famosos barcos provenientes de Venezuela, pero que consumían dólares con la promesa de un mundo presente que no engrosaría nuestras reservas como lo había venido haciendo hasta el momento. La fenomenal suba del precio del bendito yuyo, la soja, es producto de una recuperación general del precio de los commodities (o sea, también del petróleo) y, entonces, nuestro rubro fuerte en exportación queda compensado por el que pasó a ser nuestro rubro fuerte importador, el energético.

Los augurios de la oposición de un cuello de botella energético se habían materializado, y el Gobierno, tomando ventaja de ellos, decidió la expropiación. Pura lógica peronista: el deterioro consentido durante la administración kirchnerista se convierte en motivo para una expropiación que recibe el apoyo popular. La crisis energética reconvertida en un problema de egreso de divisas, quedó empaquetada en una actuación que recibió el respaldo del 54 por ciento de los votos.

La recuperación de YPF sumará beneplácitos que compensarán seguramente la mufa que asoló en estos últimos meses al Gobierno (huelga docente, la tragedia de Once, el affair Ciccone), reforzará un “relato” del que se venía abusando sin la necesaria recarga de hechos concretos y elevará el coto de poder para atraer aliados que empezaban a mostrarse reluctantes en apoyo de ciertas decisiones molestas.

En términos políticos, el Gobierno hizo uso de su bomba atómica. No quedan (salvo Malvinas y ésa va para muy largo) decisiones exitosas con semejante poder devastador y efecto positivo. El optimismo cunde nuevamente en las filas oficialistas, y si nunca allí tuvieron dudas sobre el éxito en las elecciones legislativas del año que viene, ahora ya dan por descontado que ganarán por paliza (cosa que todos sabemos lo que significa: se retoman los sueños releccionistas). Deseos que se convierten en profecías; pero ¡falta tanto!, y en una democracia mediática alzheimer, en donde la última imagen catódica es reemplazada por la venidera, y así sucesivamente… Pero, claro, la recuperación de YPF es una imagen incandescente que queda fija en la retina, como cuando uno mira el sol.

Desde la ortodoxia auguran problemas y graves: se ha vulnerado la seguridad jurídica y no vendrán las inversiones necesarias. Lo interesante es que, desde 1998, se viene diciendo que no arribarán más inversiones por estas playas aunque desde el 2003 el país ha tenido, pese a esos augures, un crecimiento espectacular. Aun así, como dijo esa rising star que es Axel Kicillof, la inversión petrolera tiene característica propias. El capitalismo puede ser considerado desde la metáfora de un sistema de contratos que brindan confianza a los inversores para que decidan adónde envían (vía web) el vil metal. Pero, también, como decía un barbudo de Treveris, se caracteriza por estar presidido por individuos obsesionados no con la ganancia presente, sino con la próxima ganancia. Aquí la metáfora es otra, la de un enorme casino lleno de enfermos ludópatas.

El rubro petrolero se destaca por la presencia de empresarios que juegan muy fuerte y con mucha audacia. No tienen problemas de cerrar negocios con los talibanes, y uno puede imaginarse como se le hace agua la boca frente a la posibilidad de explotar esa promesa petrolera que es el yacimiento de shale oil de Vaca Muerta (YPF es la empresa privada con el mayor potencial minero no convencional del mundo, sólo detrás de la estadounidense Chesapeake Energy Corp). 

Claro está, que esa inversión dependerá 
de lo que haga el gobierno argentino y todo lo que sigue no es soplar y hacer botellas. Se necesita gestión y de la buena. Un poco-mucho más de prolijidad, esa palabra inexistente en el vocabulario oficial (parafraseando a John William Cooke, desde el Gobierno pueden clamar “¡No somos prolijos. Somos kirchneristas!”). Los expertos consideran que se deberán juntar unos 30.000 millones de dólares para explotar Vaca Muerta, y la inversión neta promedio 2009-2011 fue de sólo 1.150 millones de dólares).

Por ahora, en términos económicos inmediatos, lo que se ha conseguido es salir de la encerrona de coyuntura moderando la sangría de divisas hacia el exterior (cosa que se extenderá por muchos meses hasta que se establezca el precio justo a pagar por el porcentaje de las acciones de Repsol-YPF que se expropia) y con ese ahorro pagar la exportación de petróleo, que seguirá hasta que se reactive la productividad petrolera.

Queda la duda de por qué una empresa líder en el mundo como Repsol prefirió maximizar sus beneficios de corto plazo. Como lo consigna un informe reciente de la consultora abeceb.com “el porcentaje de dividendos contra utilidades de Repsol-YPF alcanzó un pico del 238 por ciento en el año 2008, fue de 101 por ciento el año pasado, y se mantuvo en un promedio muy superior al 26 por ciento -que fue el promedio exhibido por las empresas petroleras mundiales”. En 2001, mucho antes del establecimiento del “esquema Eskenazi” el porcentaje de dividendos contra utilidades fue del 201 por ciento en 2001, 112 por ciento en 2004 y 91 por ciento en 2005. O sea, caída productiva y aumento de las ganancias remitidas. 

En algún momento, la comprensión de la empresa española hacia el país -tan valiosa  durante la gran crisis argentina- trocó en soberbia angurrienta de metrópolis. Quizá es la melancolía de esos “viejos buenos tiempos noventistas” la que le impide a España darse cuenta ahora, frente a su tremenda crisis, que en contraste con la pujanza heterodoxa de los países emergente, ella, al seguir aferrada al libreto neoliberal, ha decidido integrar en cambio, y esto se escribe con enorme tristeza, el lote de los países naufragantes.   

Argentina: ¡Se va el FMI!

Rafael Cuevas Molina* - http://www.surysur.net/2012/03/argentina-dios-mio-se-va-el-fmi/ 

La partida del FMI de la Argentina tiene un valor simbólico muy importante. Es la evidencia que las políticas neoliberales están en retroceso en nuestras tierras.

La “gran prensa” de América Latina, la que nos desayunamos todos los días del año, apenas le dio un pequeño espacio a la noticia en alguna esquina perdida: el Fondo Monetario Internacional decidió cerrar su oficina en Buenos Aires para irse a otros lugares “en donde lo necesiten más”, según dijo.

Es una noticia que debería ser de primera plana pues evidencia una serie de procesos y tendencias que caracterizan a los últimos años. En primer lugar, muestra cómo el recetario neoliberal, del cual fue paladín y abanderado, ha dejado de pasearse orondo por América Latina y está desprestigiado y cuestionado.

En efecto, es un lugar común, un hecho por todos conocido, cómo el FMI -junto al Banco Mundial y el Banco Interamericanos de Desarrollo-, impulsó las políticas amparadas bajo la mampara del llamado Consenso de Washington, estableciendo una serie de medidas draconianas que llevaron prácticamente a la desaparición del estado de bienestar (ahí donde él existía) y, en general, a la profundización de las desigualdades sociales en un continente que, ya de por sí, es el que tiene los mayores índices de inequidad en el mundo.

La Argentina menemista fue campeona en la implementación de esas políticas. El presidente que había hecho campaña bajo el eslogan de “síganme”, y que había abierto esperanzas nacionalistas en amplios sectores de la clase media, se tiró de cabeza en una vorágine de privatizaciones que dejó al país sin algunas de sus más emblemáticas corporaciones. La debacle fue total y tuvo su clímax en diciembre del 2001, cuando el peso se derrumbó estrepitosamente arrastrando en su caída a miles de argentinos que vieron desaparecer sus ahorros de la noche a la mañana, menguadas sus pensiones y su poder adquisitivo por los suelos. Pocas veces se ha visto en América Latina una catástrofe mayor.

Otros países latinoamericanos pasaron, antes o después, por situaciones similares provocadas por la aplicación de las políticas tan fervientemente impuestas por el FMI. El resultado fue que, en algunos de ellos, los gobiernos, los grupos sociales que los acuerpaban y el sistema político que los justificaba se vieron desplazados del ejercicio del poder, quedando convertidos en verdaderos fantasmas de lo que habían sido. Desperdigados, aturdidos, marginados, no han podido levantar cabeza desde entonces a pesar de que han buscado de mil formas volver al protagonismo de antaño.

Seguramente, Argentina ha sido en América Latina la que más contundentemente rompió con el esquema del FMI e inició un proyecto nacionalista que se olvidó de las fórmulas impuestas a rajatabla por los tecnócratas internacionales. Cuando parecía que no habría marcha atrás y que a la otrora potencia sudamericana le esperaba un negro futuro de décadas, el viraje que dejó botado en el camino al Fondo permitió que el país sacara de nuevo la cabeza, tomara un respiro y se pusiera en el carril de la recuperación.

Venezuela, Bolivia y Ecuador han seguido, acorde con sus propias características, caminos similares y no les ha ido nada mal. Otros, tozudamente empecinados, han seguido impulsando las viejas fórmulas que ya mostraron sus límites. Chile y México, en primer lugar, pero también Colombia y -desafortunadamente por las esperanzas que despertó- el Perú de Ollanta Humala.

Dice el FMI que se va hacia sitios en donde lo necesiten más. Es decir que se va para Europa en donde, repartiendo mandobles, tiene contra las cuerdas a Grecia, a España, a Italia, a Irlanda, en donde aplica su recetario a diestra y siniestra sin ninguna contemplación como es su costumbre. Ahora son ellos los que tienen el agua al cuello, los que sufren la impune aplicación de las políticas que favorecen a los grandes capitales transnacionales que, a través suyo, imponen su voluntad, crecen y se multiplican a costas de la pauperización de las grandes mayorías.

La partida del FMI de la Argentina tiene, entonces, un valor simbólico muy importante. Es la evidencia que las políticas neoliberales están en retroceso en nuestras tierras. Es esa la razón por la que la ”gran prensa” –siempre tan servil, tan lacayuna- calla descaradamente la noticia que debería gritarse a los cuatro vientos, ocupar titulares de primera plana y vocearse en las esquina: ¡¡Se va el FMI!! ¡¡Que le vaya bien y ojalá que nunca vuelva!!

*Presidente AUNA-Costa Rica

Los obstáculos para abortar en Argentina

Marcela Valente · http://periodismohumano.com/sociedad/los-obstaculos-para-abortar-en-argentina.html 

En Argentina, la ley penaliza a médicos que practiquen abortos y a las mujeres que se sometan a esa práctica, con excepciones en las que la interrupción del embarazo está permitida y debe ser garantizada por el Estado.

El código penal de 1921 sostiene que el aborto “no es punible” cuando el médico lo practica porque está en peligro la vida o la salud de la madre, o “si el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente”.

No obstante, periódicamente se conocen casos de niñas, adolescentes y mujeres abusadas o violadas que son derivadas a los jueces, para que decidan ellos sobre una práctica que no requiere autorización.

“El aborto es una práctica médica. El que debe decidir si corresponde hacerlo es el médico, no el juez”, dijo a IPS la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Pese a no estar permitido, en este país se practican entre 460.000 y 600.000 abortos por año, según datos de organizaciones no gubernamentales, y se estima que 100 mujeres mueren al año por esta práctica realizada en condiciones de clandestinidad e insalubridad.

Conscientes de las dificultades para sancionar una ley de despenalización en general, los colectivos que promueven los derechos de las mujeres insisten desde hace tiempo en que, al menos, se reconozca el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos amparados por la ley.

Gherardi afirmó que “hay una gran incertidumbre entre los médicos sobre cómo interpretar el artículo” que establece los casos en los que el aborto inducido no es punible. Y esa incertidumbre se explica por lo que ocurre cuando el tema se deriva a la justicia.

Algunos jueces autorizan el aborto, otros sostienen que la autorización no es necesaria y están los que fallan en contra del derecho e impiden la práctica.

Para evitar que estos casos se deriven a la justicia, el Ministerio de Salud elaboró en 2007 una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles.

El texto oficial parte de reconocer que “por muchas décadas” las mujeres fueron impedidas de ejercer un derecho reconocido en el código penal, “de acceder al aborto en circunstancias que lo autorizan”.

“El Estado está obligado a garantizar su ejercicio”, remarca la guía y sostiene que el hospital “tiene la obligación legal de practicarlo” y “no está obligado a requerir la intervención y/o autorización judicial” para actuar, aun en el caso de menores.

No obstante, se suceden periódicamente casos de niñas que acuden con sus padres al hospital y se les niega el aborto. El último conocido ocurrió en enero en la nororiental provincia de Entre Ríos, con una niña abusada de 11 años que quedó embarazada.

Los médicos del hospital público le exigieron la autorización de un tribunal y el juez le negó el derecho a la práctica. Más aun, el ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, declaró que si la niña estaba embarazada, estaba en condiciones de ser madre.

Frente a estas presiones, a las que se suman las de organizaciones religiosas y cúpulas de las iglesias católica y evangélica, las familias renuncian al derecho al aborto no punible.

“Esto les pasa casi siempre a mujeres pobres o marginales”, dijo a IPS la abogada Gabriela Filoni, responsable regional del Programa Litigio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que junto a otras entidades logró llegar con uno de estos casos a una instancia internacional.

Como resultado de esa intervención, en 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino a adoptar “medidas de reparación que incluyan una indemnización” a una joven discapacitada a la que se le negó el aborto.

“El plazo del Estado para responder se venció. Sabemos que pidieron una prórroga, pero lo que más queremos es una política pública o una medida legal que permita que estos casos no vuelvan a suceder”, subrayó Filoni.

El caso es el de una joven que tenía 20 años en 2006 y que es identificada en la causa por las siglas LMR. Tiene una discapacidad mental permanente y una edad mental de entre ocho y 10 años, según certifican los médicos que la asisten.

La joven, de la localidad de Guernica, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue violada por un tío ese año y quedó embarazada. Pero cuando su madre la llevó al hospital para que le practicaran un aborto, los médicos se negaron y la derivaron a otro sanatorio.

En el otro centro se convocó a un comité de bioética que derivó el caso a la justicia. En primera instancia, el tribunal negó la autorización, y más tarde una cámara superior confirmó el fallo.

En la Corte Suprema de Justicia provincial, la madre de LMR consiguió una sentencia favorable que reconoció a su hija el derecho de ser sometida al aborto. Más aun, el tribunal reconoció que el pedido de autorización ni siquiera correspondía.

Pero aun así el hospital se volvió a negar a la práctica, esta vez por considerar que el proceso de gestación ya estaba muy avanzado. La familia debió recurrir entonces al circuito clandestino para la interrupción de un embarazo de 20 semanas.

Para entonces la madre y una hermana de la damnificada habían perdido el empleo por acompañar a la joven en todo el proceso, y habían sufrido el acoso de grupos católicos que presionaban para que desistiesen de la interrupción del embarazo.

“La autorización no era necesaria en este caso, pero los efectores de salud se lavan las manos, y el problema aquí es que al ingresar el caso a la justicia se pierde tiempo y el embarazo sigue”, advirtió Filoni.

Según una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, siete de cada 10 personas consultadas a raíz del caso de la niña de 11 años en Entre Ríos, consideraron que encuadraba en la figura de aborto no punible y que debió practicarse.

Cuando se consulta en general por la despenalización del aborto, el porcentaje de apoyos es menor, pero sigue siendo alto. Sesenta por ciento de los encuestados sostienen que la práctica debería ser un derecho de la mujer y ser garantizado por el Estado.

Malvinas, imperialismo cultural y autodeterminación

Rina Bertaccini - http://alainet.org/active/53041 

Es por eso legítimo concluir que estamos en presencia de un caso de imperialismo cultural (o imperialismo en lo cultural) según lo definen diversos autores. Dicho de otro modo, de un intento de “ejercicio de la hegemonía (…) a través de un proceso consciente de manipulación, tergiversación, subestimación, destrucción y suplantación del sistema de valores” que es patrimonio de una sociedad determinada, siempre con el propósito de consolidar o perpetuar la dominación. El imperialismo en lo cultural ha alcanzado su identidad “con contenidos de métodos, procedimientos, objetivos y fines concretos, preconcebidos y sistemáticamente aplicados; a raíz del arreglo a planes diseminados ex profeso por especialistas al servicio del poder de las sociedades dominantes” (1).

Irán o el circo nuclear

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Nada de curioso es que las potencias occidentales suelan utilizar el miedo como instrumento para justificar sus guerras, una herramienta de fácil uso que apela con desfachatez a las emociones humanas más primarias para nublar el análisis. Ya lo vimos con Irak, donde, a partir de la afirmación de la existencia de armas de destrucción masiva y el peligro del terrorismo internacional para toda la comunidad internacional se procedió a la invasión ilegal del país. Esta hipótesis, a poco andar, fue destruida por los hechos y a partir de eso, los ocupantes no se preocuparon más por elaborar justificaciones. Ya había sido derrocado un gobierno que consideraban molesto, hicieron grandes negocios y destruyeron el país.

El caso de Irán guarda ciertas semejanzas. La recurrencia al terror como estrategia es, nuevamente, la encargada de hacer la incisión en las conciencias y a partir de esto, introducir fácilmente el discurso de la “necesidad” de una guerra neocolonial. Esta vez, con la excusa de una posible guerra nuclear.

Se habla sin discriminación, en los espacios políticos y en la prensa de la “amenaza nuclear iraní”. Para empezar, esa “amenaza” -concepto de difícil sujeción- no ha sido corroborada por ninguna instancia internacional, ya que, hasta el momento y según fuentes especializadas, Irán no posee la capacidad de construir armas nucleares. Entonces, lo que, efectivamente se busca evitar es la obtención de ese tipo de capacidades. Y la hipótesis de la búsqueda de esos instrumentos por parte de Irán no puede ser afirmada con certeza por ninguna organización oficial. Por su parte, Irán ha declarado innumerables veces que sus planes de desarrollo nuclear son con exclusivos fines civiles, lo que se traduce en “pacíficos”. En suma, no se está ante una amenaza nuclear, sino, estrictamente, ante la posibilidad de que un Estado específico construya los instrumentos para, posiblemente, desarrollar armas nucleares. Cuesta un poco ver la diferencia, pero en el fondo, es un detalle fundamental.

EEUU, la UE e Israel han presentado esta dramática puesta en escena solo por la posibilidad de que, en algún momento, Irán pueda tener las herramientas para construir armas nucleares. Al menos, es un elemento que considerar al analizar el contexto general.

Por otro lado, ¿es posible que sigamos considerando que es legítimo que se exija no nuclearización a algunos países mientras otros puedan estar libremente, no ya capacidad de construcción de armas, sino en posesión de armas nucleares propiamente dichas?

Según el Tratado de No Proliferación de Arnas Nucleares de 1968, existen países que no pueden tener armas nucleares, -la casi totalidad del mundo-, y otros que sí.

Evidentemente, los únicos que pueden tener este tipo de armas son las potencias. EEUU, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Coincidentemente, son los triunfadores de la IIGM y, por consiguiente, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, poseedores del poder de veto y quienes deciden, arbitrariamente, que es o que no es una amenaza para la paz y seguridad internacional. ¿Respeta esto el principio de igualdad soberana de los miembros de la Organización de Naciones Unidas establecidos en el artículo n° 2 párrafo 1 de su Carta fundacional?

¿Por qué deberíamos considerar con mayor fuerza los argumentos de EEUU, Israel y la UE? ¿Por qué, precisamente, EEUU, que no ha ratificado el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares e Israel que no ha firmado este ni el Tratado de No Proliferación Nuclear, hacen exigencias a un tercer país cuando no han cumplido ni piensan cumplir los mínimos acuerdos internacionales al respecto? Preguntas al extremo ingenuas al tiempo que caústicas. Prepotencia absoluta.

Como antecedente adicional, y situación más absurda aún, es que es precisamente Israel, el principal promotor de la invasión, el país que cuenta con más de 200 cabezas nucleares activas (la mayor capacidad después de los miembros permanentes del CS) no declaradas. Esta información ha sido difundida, incluso, por el expresidente de EEUU Jimmy Carter.

Volviendo a la contingencia, debemos señalar que ha habido declaraciones de especialistas norteamericanos e israelíes, entre otros, que advierten las dificultades de un ataque exitoso a Irán por parte de Israel, con o sin Estados Unidos. En primer lugar, las distancias, las armas existentes y las dificultades que conseguir las ubicaciones precisas de los objetivos no permitirían un bombardeo definitivo y, en el mejor de los casos, el resultado sería el retraso de unos meses de los supuestos planes nucleares, pero no la destrucción de las instalaciones. A esto debemos agregar que las rutas de vuelo implicarían la autorización de uso de espacio aéreo por parte de Jordania, Arabia Saudita, Turquía o Irak, lo que no necesariamente es un asunto de fácil resolución.

Considerando las debilidades militares de Israel -en relación a esta específica coyuntura-, se puede dar credibilidad a la hipótesis de que, a partir de bombardeos que seguramente no lograrían mucho, la apuesta del atacante sea producir una desestabilización interna capaz de hacer que caiga el gobierno de los ayatolas. Cuestión que, por lo demás, está explícitamente prohibida por la Carta de la Organización de Naciones Unidas.

¿Y para qué intenta el enclave occidental en Medio Oriente acabar con el régimen islámico?

Desde mi perspectiva, la respuesta es compleja y más aún, incierta. Esto porque además de la necesidad de control de la ruta del petróleo, cuestión obvia, existe bastante evidencia para establecer que existe un asenso de Irán como potencia regional. Tanto a nivel de liderazgo político como económico. De alguna manera hay que tratar de insertar el tema de Irán (y el de Siria, el mas “fiel” aliado de Irán hasta el momento) en el mapa político regional. Basta ver cómo las intervenciones de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán e Irak han sido un fracaso, haciendo imposible la instalación de gobiernos con la estabilidad suficiente como para controlar a sus pueblos y someterlos a los dictámenes políticos extranjeros; como las relaciones con Pakistán están cada día más tensas y cómo la influencia de las potencias china y rusa articulan un escenario complejo para “occidente”, donde, cada vez más, los procesos decisionales son asumidos con cierto margen de autonomía internacional.

Más que el tema del petróleo, tema de controversias por excelencia hoy, lo que está en juego es la hegemonía total de una cultura, de unos modelos políticos específicos, de un modo de hacer economía de los Estados que, al menos durante el siglo XX han disfrutado de la posición poder absoluta.

Definitivamente, los argumentos que los Estados con poder esgrimen para atacar a Irán son un absurdo. Si la preocupación por las amenazas a para la paz y seguridad internacionales fuera tal, el primer cuestionado sería Israel, país que, en los últimos 50 años, invadió Líbano, en 1978, 1982 y 2006; bombardeó Siria en 2007 y mantiene invadida a Palestina desde 1967, llevando a cabo ofensivas militares que han dejado miles de muertos en 1967, 1987, 2000, 2008 y 2009 además de las víctimas permanentes de la ocupación, entre otros tantos asuntos militares.

Así, ¿es posible pensar que algún país u organización internacional tenga la osadía de poner un ultimátum al “matonaje” regional de Israel? ¿Es posible vislumbrar al Consejo de Seguridad exigiendo a EEUU, Rusia o Israel un desarme inmediato para garantizar la paz mundial?

Y si aún bajo este argumento descabellado (que parte de la premisa de que somos, el resto del mundo, totalmente estúpidos), se realiza un ataque que difícilmente podría cumplir su objetivo, ¿a qué intento de síntesis podríamos llegar? Hegemonía…

¿Y hegemonía para qué?

Cristina Oyarzo Varela / Profesora de Historia y Geografía, Diplomada en Cultura Árabe e Islam, Magíster © en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile